Reunión Regional de Sociedad Civil sobre Envejecimiento Madrid +10:
Del Plan a la Acción - Escuela Social Juan XXIII,
Costa Rica, 6, 7 Y 8 de mayo de 2012
“DECLARACIÓN DE TRES RÍOS, COSTA RICA”
Declaración de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe sobre Envejecimiento
En el marco del seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción Internacional de Madrid y la Declaración de Brasilia sobre el Envejecimiento como representantes de organizaciones sociales y de personas mayores, redes, organizaciones no gubernamentales, instituciones religiosas y académicas de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, reunidos en la localidad de Tres Ríos, Cantón de LA UNIÓN, en Costa Rica, y después del análisis y discusión sobre la situación actual de la población adulta mayor de la región y el gran desafío que plantea el envejecimiento poblacional hacemos la siguiente declaración:
Consideramos importante resaltar, de la realidad latinoamericana, los siguientes aspectos:
1. Los derechos de las personas adultas mayores siguen siendo vulnerados. A la gestión en relación con la vejez y el envejecimiento, le falta coherencia entre el discurso que enfatiza los derechos y el cumplimiento de los mismos. En este contexto, las personas mayores continúan sufriendo de discriminaciones múltiples; diferentes tipos de maltrato y violencia; pobreza, y falta de acceso a la justicia.
2. El enfoque de políticas públicas y programas dirigidos a las personas adultas mayores, no ha ido acompañado del desarrollo de una visión de la vejez que dé cuenta de la diversidad de formas de envejecer. Carecen de perspectivas intergeneracional y de género e invisibilizan a las personas del área rural, indígenas y afrodescendientes.
3. Las políticas de vejez carecen de prioridad y de presupuestos estables y sostenidos lo cual las torna ineficaces en su implementación, al tiempo que no se puede hacer seguimiento y control de las mismas.
4. Un alto porcentaje de la población carece de acceso al trabajo formal, digno y en consecuencia, queda excluida de la seguridad social y de la posibilidad de contar con una vejez digna. En aquellos países donde se han implementado los sistemas de pensiones de capitalización individual, se generan situaciones de desigualdad e inequidad, y además de incertidumbre frente a los riesgos financieros.
5. La persistencia de la reproducción estructural de la pobreza reafirma la desigualdad e inequidad para todas las edades, así como, la obligación de continuar trabajando en edades avanzadas, la mayoría de las veces, en espacios informales y en condiciones precarias.
6. Los grupos de población adulta mayor, desplazada, refugiada, migrante y de zonas fronterizas, continúan en especial condición de vulnerabilidad. Los cambios en las estructuras de los servicios de salud y las formas de afiliación suelen limitar el acceso a la atención oportuna, desatendiendo hasta sus necesidades más prioritarias. Tampoco pueden disfrutar de las otras áreas de la seguridad social.
7. Los servicios de salud pública no toman en consideración las necesidades de las personas adultas mayores, lo cual se agrava debido al incremento porcentual y absoluto de este grupo y afecta de manera directa la funcionalidad y la independencia de las personas mayores y en consecuencia, incide en su autonomía y economía familiar.
8. En la mayoría de nuestros países, el cuidado y atención a personas adultas mayores no ha sido suficientemente asumido en el marco de políticas públicas y recae principalmente en mujeres, muchas de ellas, adultas mayores, sin que se le reconozca su aporte para el acceso a los beneficios de la seguridad social y demás programas del Estado.
9. La visibilidad e identidad en la participación social, política, económica y cultural de las personas mayores todavía es muy incipiente, y en muchos casos se reduce a la calidad de “beneficiario” en el marco de programas de subsidios sociales del Estado.
10. Las personas mayores siguen afectadas por la estigmatización hacia la vejez y el envejecimiento en programas, servicios sociales y jurídicos sin respetar su autonomía, calificándolas de incapaces. Reforzando una imagen negativa de la vejez, promovida especialmente por intereses del mercado.
11. La “institucionalización” en establecimientos de larga estadía sin consentimiento informado de las personas adultas mayores y sin estándares de calidad de los servicios constituye una violación de los derechos humanos.
12. La lógica de la economía mundial (políticas neoliberales) en un mundo de concentración de la riqueza y globalización de los mercados conlleva a una distribución inequitativa y a ver a las personas mayores como una carga para los Estados.
Teniendo en cuenta lo anterior, como un marco general en el cual se resaltan los aspectos más determinantes, demandamos a los gobiernos y Estados que:
- Garanticen el cumplimiento de la observación Nº 6 de la aplicación al pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, la recomendación N° 27 de CEDAW, Declaración para el Derecho al Desarrollo, Convención contra el racismo y neocolonialismo, Convención Internacional Contra la Tortura, Tratos inhumanos y degradantes, y otros instrumentos internacionales.
- Decidan en la presente reunión de los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe que las denominadas "Conferencias regionales intergubernamentales sobre envejecimiento" pasen a llamarse "Conferencias regionales intergubernamentales sobre envejecimiento y sobre los derechos de las personas mayores", siendo consecuentes con lo afirmado en su Declaración de Brasilia de 2007.
- Apoyen, informen y divulguen a toda la comunidad, en particular a las personas adultas mayores, sobre el desarrollo de las propuestas de las Convenciones Interamericana e Internacional en defensa de los Derechos de las personas adultas mayores, a nivel de OEA y Naciones Unidas.
- Creen los mecanismos de participación en los comités de seguimiento de estas Convenciones, integrados por representantes de organismos de la sociedad civil y en especial, de organizaciones de personas mayores.
- Reconozcan a las personas adultas mayores como sujetos de derechos, actores del desarrollo con garantías y responsabilidades, respecto a sí mismos y a los demás, y fomenten su empoderamiento e integración a los distintos ámbitos de la sociedad y del quehacer humano, para que se transformen en agentes de cambio y protagonistas de su proceso de envejecimiento.
- Implementen políticas, programas y proyectos que permitan la promoción y difusión de los saberes ancestrales y conocimientos de las personas mayores para promover y contribuir a la educación intercultural y la transmisión de éstos a las nuevas generaciones, contribuyendo a eliminar la actual visión negativa de la vejez generando un nuevo paradigma.
- Reconozcan la interculturalidad como herramienta que promueve la relación de pueblos y naciones, que busca un intercambio, reciprocidad voluntaria y creativa dentro de una relación mutua, basada en el interés de conocer al otro y de establecer alianzas solidarias.
- Garanticen y promuevan el reconocimiento y el ejercicio de los sistemas propios de justicia para las personas mayores de pueblos indígenas y afrodescendientes, respetando sus visiones y cosmovisiones sobre identidad y valores culturales.
- Ajusten las políticas y programas a los desafíos de la vejez y el envejecimiento, para que éstas trasciendan a los gobiernos, y a visiones inmediatistas e improvisadas, eliminando trabas burocráticas, y asegurando una implementación oportuna de las mismas. En esa medida es imperativo crear las instituciones y mecanismos que sean necesarios para que las hagan efectivas.
- Reorienten la atención de las necesidades de las personas adultas mayores hacia políticas de carácter universal y permanente, no limitando la acción del Estado a las medidas de superación de pobreza.
- Garanticen la seguridad social desarrollando el sistema contributivo (tripartito) y no contributivo, valorizando como titular de sus derechos a las Personas Adultas Mayores y promoviendo la solidaridad intergeneracional.
- Adecuen el acceso y la calidad de los servicios de salud a las crecientes demandas relacionadas con el envejecimiento poblacional y fortalezcan la atención primaria de la salud y la práctica de la medicina tradicional.
- Creen programas de atención domiciliaria en salud, adecuados a las necesidades específicas en cada uno de los países.
- Promuevan leyes para garantizar la protección del patrimonio de las personas mayores.
- Aseguren que el derecho a la protección y el cuidado sea materia de política pública y no simple obligación de las familias y de las mujeres como si fuese “natural”. Que se implementen servicios de apoyo a la familia para asegurar el bienestar y el respeto de los derechos humanos.
- Creen y/o fortalezcan instancias de defensorías de las personas adultas mayores.
- Garanticen que las personas adultas mayores participen en los procesos de la toma de decisiones sobre la asignación de los recursos públicos, especialmente de los gobiernos locales.
- Implementen mecanismos de participación autónoma de las personas adultas mayores en la formulación y control de políticas públicas, relativas al pleno disfrute de sus derechos, facilitando el acceso a la justicia.
- Estimulen las relaciones intergeneracionales, para superar las barreras que fragmentan los grupos etáreos en nuestras sociedades.
- Provean a la población adulta mayor de vivienda y que ésta cumpla con los necesarios requisitos de accesibilidad.
- Destinen recursos y apoyos para estimular que las personas mayores se inserten en los espacios de enseñanza, creación cultural, deportivos, recreativos y de la vida pública que contribuyan a la eliminación de estereotipos.
- Erradiquen el analfabetismo entre las personas adultas mayores tanto de lectoescritura y de nuevas tecnologías de la información.
- Incorporen el envejecimiento como materia de enseñanza en los planes de estudio en todos los niveles del sistema educativo, para construir una sociedad en la que se elimine la discriminación por motivos de edad y se aliente la solidaridad y el apoyo mutuo de las generaciones.
- Faciliten la actualización de conocimientos sobre vejez y envejecimiento a los funcionarios públicos y en especial a los trabajadores de los servicios de salud, teniendo en cuenta los principios fundamentales de los derechos humanos.
- Creen y apoyen la formación curricular de grado, postgrado e investigación en temas de vejez y envejecimiento, con visión de derechos humanos y género.
- Definan y hagan efectivas las medidas necesarias para reparar de manera integral a las personas mayores que han sido víctimas de situaciones de maltrato, violencia, o acciones negligentes en los servicios de salud.
- Garanticen los derechos humanos y calidad de vida de las personas que residen en establecimientos de larga estadía, con políticas que favorezcan y diversifiquen las modalidades de residencia y de los servicios de atención, protocolos de funcionamiento, control y vigilancia social.
- Atiendan las necesidades especiales de las personas refugiadas, desplazadas, migrantes y en especial las de edad avanzada, definiendo los recursos y mecanismos necesarios para su protección y la de sus familias.
- Presten mayor atención a las personas adultas mayores en situaciones de emergencia provocadas por catástrofes naturales y de conflictos armados.
- Reconozcan a las organizaciones de personas adultas mayores y a las no gubernamentales como interlocutores válidos e imprescindibles en las decisiones de políticas nacionales e internacionales que conduzcan a emprender nuevas tareas comunes en la decisión de construir una sociedad para todas las edades.
-Creen mecanismos que faciliten la integración y participación de las personas adultas mayores en el proceso de evaluación del cumplimiento de los Objetivos del Milenio.
- Ejerzan el control y vigilancia de la inclusión de los desafíos del envejecimiento poblacional y los derechos humanos, especialmente de las personas mayores en los países de América Latina y el Caribe, en las agendas de las agencias especializadas del sistema de Naciones Unidas y otras de cooperación internacional.
- Respondan a todas las demandas pendientes, que se han presentando en las declaraciones de las reuniones de sociedad civil de los años 2007 y 2009.
Nuestros compromisos como sociedad civil de la región son:
- Exigir y vigilar el respeto a los derechos humanos y el reconocimiento del rol de las Personas Adultas Mayores como actores sociales.
- Participar de manera permanente y activa en cada uno de los espacios que se establezcan para trabajar en favor de recuperar los derechos de las personas de edad.
- Como ciudadanos y ciudadanas nos proponemos desarrollar acciones y asumir nuevos compromisos para promover y educar en el respeto, el ejercicio pleno y la defensa integral de derechos de las Personas Adultas Mayores.
- Promover la inclusión del derecho a la cultura en las políticas públicas y en consecuencia facilitar el acceso de todos los ciudadanos al usufructo de los bienes culturales y patrimoniales.
- Promover y fortalecer la organización de las personas mayores y el movimiento de la sociedad civil en torno a la necesidad de envejecer con derechos, fomentando de manera especial su participación activa como sujetos de derechos y protagonistas en el desarrollo de la región.
- Desarrollar, promocionar, visibilizar la perspectiva de género en temas de envejecimiento.- Promover la movilización de las personas adultas mayores en acción conjunta con las generaciones más jóvenes, para el derecho al desarrollo, la igualdad de derechos y la erradicación de la pobreza.
- Buscar y reforzar alianzas con los sectores sociales que también abogan por los derechos humanos, para promover la solidaridad con las personas adultas mayores, así como el compromiso de ellas con otras reivindicaciones sociales.
- Promover que la cooperación entre las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones de las personas mayores este fundada sobre condiciones justas de reconocimiento al valor del trabajo que éstas aportan en contrapartida al financiamiento.
- Impulsar la difusión de los resultados de la reunión regional de sociedad civil y de la presente declaración al interior de nuestros países, especialmente entre las personas adultas mayores, organizaciones, instituciones públicas y organismos de gobiernos locales, responsables de implementar las políticas.
- Ante la urgencia de poner la cuestión del envejecimiento en las pautas mundiales y regionales, nos comprometemos en viabilizar y estar presentes en esos espacios; en especial en la Cumbre de los Pueblos de Río+20 por la Justicia Social y Ambiental.
- Desarrollar acciones tendientes a asegurar la participación de las personas adultas mayores en los espacios de evaluación del cumplimiento de los Objetivos del Milenio.
- Implementar las acciones propuestas en la Reunión regional de la sociedad civil realizada en Tres Ríos, Costa Rica.
- Entregar y presentar esta Declaración de la Reunión Regional de la sociedad civil en la III Conferencia Intergubernamental de los países de América Latina y El Caribe Sobre Envejecimiento.
